Vilma Hernández, defensora pública de Carabobo, informó que el organismo cuenta con personal en el área de asesoría a quienes consideren que sus derechos humanos han sido violados.
Hernández quien estuvo como invitada en el programa Dignidad y Justicia, hizo mención sobre las penas que se aplican a funcionarios involucrados en tratos crueles.
Estos ciudadanos pueden ser condenados de 15 a 25 años, según lo establecido en la Ley , promulgada el 27 de julio del año 2013.
El artículos 18 del referido instrumento legal también estipula que el funcionario o funcionaria pública que va a someter o va a infligir un trato cruel a una persona en su condición de privada de libertad, con la finalidad de castigarlo de quebrantar y desmejorar la resistencia física o moral, también le pueden aplicar una pena de 13 a 23 años de prisión.
“El funcionario no tiene idea de la responsabilidad que tiene cuando es denunciado ante el Ministerio Público”, añadió.
Hernández mencionó al humanista Jhonny Vargas, Anna Karina Estopiñan y Jean Carlos Mendoza, sobre la creación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el cual está encargado de monitorear la situación de los centros de detención y promover políticas públicas para prevenir la tortura.
Subrayó que la institución cuenta con 64 defensores públicos, hombres y mujeres de profundo conocimientos en materia de derechos humanos.
Igualmente puso a la orden la institución para que los ciudadanos acudan en busca de asesoría y defensa.
Con datos de la página Sandy Aveledo
