31 AÑOS DESPUES DE LA DESAPARICION DEL ESTUDIANTE JOSE TEODORO ROA, EL CASO SIGUE SIENDO UN MISTERIO EN BARINAS
Barinas (Dimas J. Medina) En diciembre de 1.990 una frase pronunciada por el joven estudiante de ingeniería José Teodoro Roa, pareció darle forma a un sonado caso judicial registrado en Barinas.
“Cuando muera voy a ser famoso”, le dijo José Teodoro Roa a su primo hermano Adelsy Rodríguez en una residencia estudiantil de Mérida, a finales de la década de los 80, cuando ambos cursaban estudios en la Universidad de Los Andes
Desde de su desaparición, el día miércoles 19 de diciembre de 1990, mucha gente en Barinas aún sigue preguntándose por el destino de este humilde joven estudiante, que un buen decidió apartar sus estudios universitarios para reclamar a través de una herencia dejada por su abuela Cristeta Gil de Rodríguez, la propiedad de más de mil 200 hectáreas de tierras, ubicadas en la población de San Silvestre, que aparentemente habían pertenecidos a sus antepasados.
Los terrenos que reclamaba José Teodoro Roa Rodríguez se encuentra en los linderos de varias fincas, de la que el señor Manuel Felipe Concha, fallecido en el mes de mayo de 1.994, aseguraba también ser su propietario.
La abuela de José Teodoro tenía en su poder documentos que hacían constar la usurpación y, sobre esa base, comenzó el conflicto, que culminó con la misteriosa desaparición del joven estudiante.
A decir de sus familiares, muchas razones rodearon a José Teodoro Roa Rodríguez para motivarse a defender con dignidad, el justo reclamo de su humilde familia.
La lucha que desde finales de los años 80 comenzó a librar José Teodoro Roa, no toleró las injusticias, ni las presiones políticas y económicas, que aún después de su misteriosa desaparición, permanecieron al acecho.
La polémica historia sobre la desaparición del joven estudiante universitario que tanta conmoción causó en los medios estudiantiles de Barinas y Mérida y, que posteriormente generaron masivas protestas populares y hasta alteración, casi de manera frecuente, del orden público en la Ciudad Marquesa, llevó al doctor Andrés Hermoso, entonces Juez Itinerante que conoció el caso, a escribir un libro sobre este controvertido caso judicial.
“Crónica de la justicia imposible”, el libro del juez Hermoso, recoge importantes revelaciones sobre cómo se movieron los hilos del poder para tratar de encubrir el homicidio del joven estudiante universitario barinés, desaparecido misteriosamente el día miércoles 19 de diciembre de 1.990.
El punto de partida de este sonado caso arranca el mismo día de la misteriosa desaparición de Roa Rodríguez, cuando éste recibió de Pedro Luis Concha, hijo de Manuel Felipe Concha, una invitación para discutir el litigio de las tierras.
La joven María Epifania Mora Moncada, entonces esposa del joven desaparecido, recordó que el día miércoles 19 de diciembre de 1.990, como a las diez de la mañana, Pedro Luis Concha llamó por teléfono a José Teodoro para ponerse de acuerdo, para ir en horas de la tarde, hasta la finca La Candelaria, para hablar con el papá de Pedro Luis, sobre los documentos de los terrenos que aparecen registrados en la herencia dejada por la abuela Cristeta Gil de Rodríguez.
Un amigo de José Teodoro Roa Rodríguez, Jesús Montilla, trasladó en su motocicleta a su amigo hasta las puertas de una entidad bancaria, donde Pedro Luis Concha se desempeñaba como gerente. De allí, se marcharon en la camioneta de Concha hasta el lugar acordado y, desde entonces, nada se supo sobre el paradero del joven estudiante.
HISTORIA SIN FIN
A raíz de la misteriosa desaparición de José Teodoro Roa Rodríguez, sus familiares acusaron inmediatamente a Pedro Luis Concha. Al principio las autoridades policiales hicieron caso omiso a la denuncia.
Las innumerables diligencias realizadas por los familiares del desaparecido encontraron solidaridad en el diputado Walter Márquez, entonces presidente de la Sub-comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional.
La presión de los familiares y el clamor popular llevó definitivamente a la Policía Técnica Judicial –PTJ- a pronunciarse por la inmediata investigación del hecho.
A pocos días para culminar el año de 1.990, el diputado Walter Márquez viene a Barinas para solicitar a la PTJ a que se libre una requisitoria nacional contra el indiciado en la desaparición de José Teodoro Roa Rodríguez.
Al hacerse eco de las presiones, Pedro Luis Concha, quien se encontraba disfrutando de sus vacaciones navideñas en la población de Valle de Pascua, decide enfrentar el caso.
El día miércoles dos de enero de 1.991 en horas de la tarde, se pone a derecho el acusado Pedro Luis Concha, quien a la sede de la PTJ se presentó en compañía del Fiscal Primero del Ministerio Público de Barinas, el doctor Juan Pedro Mahuad y del entonces Jefe de Investigaciones de la Brigada Territorial número 13 de la Disip de Barinas, el inspector José Manuel Andueza.
Por las características que había tomado este sonado caso, la doctora María Quiroz de Rivas, Juez Segundo Penal de Barinas, fue designada instructora especial para investigar la desaparición de José Teodoro Roa Rodríguez.
Cumplida la respectiva etapa sumarial, la juez decretó el día miércoles 15 de enero de ese 1991, auto de detención contra Pedro Luis Concha, por el supuesto delito de secuestro en perjuicio del joven estudiante Roa Rodríguez.
Con la detención judicial de Pedro Luis Concha comenzó una larga historia que desde entonces parece no tener fin. Mientras los familiares del acusado justificaban que no había razones para condenar a Pedro Luis Concha, por un hecho donde no estaba comprobado el cuerpo del delito –presunto secuestro de José Teodoro Roa-, los familiares de éste, pese a la esperanza de encontrar con vida al joven desaparecido, manejaban indicios sobre el inminente homicidio.
Lo cierto del caso, es que una vez que el expediente fue enviado a consulta de los jueces superiores, los mismos se inhibieron por diferentes razones y, el caso quedó prácticamente paralizado a nivel judicial.
ACTUACION JUDICIAL
La situación creó malestar en los diversos de la comunidad, por lo que los estudiantes universitarios de la Unellez y de la ULA tomaron en Barinas el control del orden público.
Mientras el caso seguía preocupando no sólo a la población, sino también a las respectivas autoridades, el entonces gobernador del estado, Rafael Rosales Peña se pronunció por la inmediata intervención de las autoridades judiciales a nivel nacional.
El mandatario barinés viajó a Caracas en compañía de los familiares y del abogado del joven desaparecido y, en la sede de la PTJ y del Consejo de la Judicatura, planteó el ardiente caso.
Fue entonces, cuando el entonces Fiscal General de la República, doctor Ramón Escovar Salóm designa al Fiscal Cuarto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, doctor Luis Manuel Alcalá, para que actúe de manera especial en el caso Roa-concha.
Paralelo a esta decisión, el doctor Andrés Hermoso, Juez Superior Itinerante, al ser designado por el Consejo de la Judicatura para que continúe la respectiva investigación, modifica la calificación del delito de secuestro, pero reafirma el auto de detención contra Pedro Luis Concha, esta vez, por la comisión del delito de homicidio en grado de complicidad. La expectante decisión fue dada a conocer el tres de junio de 1.991.
¿Quién mató a José Teodoro?, sigue siendo la gran incógnita sobre este hermético caso judicial.
Adelsy Rodríguez, primo-hermano del joven desaparecido, quien posteriormente desempeñó la jefatura del CNE en Barinas, recordó que una vez dijo que cuando ambos estudiaban en la Universidad de Los Andes, José Teodoro Roa Rodríguez juró luchar y defender lo que un día le encomendó su abuela Cristeta Gil de Rodríguez: Recuperar los terrenos que aún permanecen en poder de extraños.
“También me acuerdo que un día en el apartamento donde vivíamos allá en Mérida, mi primo José Teodoro me dijo que cuando muriera, iba a ser famoso…”.
JOSE TEODORO ESTA MUERTO
El catorce de noviembre de 1.991, el tribunal de la causa ordena un nuevo auto de detención, esta vez contra el ciudadano Cristóbal Rojas, empleado de la finca propiedad Concha Ramírez, por la comisión del delito de homicidio en grado de complicidad en perjuicio de José Teodoro Roa Rodríguez.
La medida seguía reforzando la tesis de este polémico asunto judicial: José Teodoro Roa fue asesinado.
Aunque nadie –abogados, familiares y compañeros del estudiante, se atrevían a decirlo de manera abierta, todos sin embargo, estaban convencidos de que el desaparecido joven Roa Rodríguez estaba muerto.
Sobre el particular, es importante recordar también los diversos rumores sobre este lamentable caso, fortalecidos por la difusión de los resultados de unas investigaciones que realizó un inspector de la Disip, amigo de la familia del joven desaparecido.
Se trata de Frank Avendaño Sánchez, adscrito a la División de Inteligencia de la Disip, quien confesó a este redactor sobre la presunta muerte de José Teodoro Roa.
Aun cuando esta confesión vale para la historia de este sonado caso, un vocero de la entonces Disip negó para la época que el mencionado funcionario hubiera sido comisionado para investigar el caso, y advirtió que Frank Avendaño era un mitómano.
Avendaño Sánchez, de 25 años de edad para la época, aparentemente inició las averiguaciones sobre la extraña desaparición de José Teodoro Roa Rodríguez. Citó testigos, familiares y cuántas personas tuvieran que ver con el caso.
RESULTADOS DE LA INVESTIGACION DE AVENDAÑO
El funcionario de la Disip envió tanto al entonces diario El Espacio de Barinas como al capitalino periódico El Universal, los resultados de sus investigaciones policiales, resumidas de la siguiente manera:
1.- Roa Rodríguez fue secuestrado por un grupo de hombres relacionados o contratados por Pedro Luis Cincha, el hacendado enjuiciado por el referido caso.
2.- El grupo o “Sindicato del Crimen” estaría formado por dos individuos de nacionalidad colombiana y dos funcionarios de algún cuerpo de seguridad oficial.
3.- Uno de los funcionarios policiales sería un agente de la Disip.
Antes de que el funcionario Avendaño Sánchez presentara los resultados de su investigación policial, fue objeto de un atentado en su contra.
El martes 15 de enero de 1.991, en horas de la madrugada, dos jóvenes que tripulaban un vehículo Toyota Corolla, color verde llegaron a la residencia de Frank Avendaño, ubicada en la urbanización “Los Próceres” de la ciudad de Barinas.
Al inspector de la Disip, le dieron dos puñaladas, una en el estómago y otra en el glúteo izquierdo, al tiempo que se apoderaron de documentos que certificaban su investigación policial.
Un vecino que auxilió a Avendaño escuchó que los agresores le dijeron: “Esto es para que no sigas buscando lo que no se te ha perdido. Si sigues buscando, vas a encontrar un hueco donde quedarás enterrado”.
Frank Avendaño había asegurado antes del atentado, que había sido amenazado telefónicamente.
Este hecho inevitablemente afianzó la hipótesis de que José Teodoro Roa Rodríguez había sido asesinado desde el momento de su desaparición.
LARGO DEBATE JUDICIAL
Debido al retardo judicial que comenzó a experimentar el caso, una vez que el juez Andrés Hermoso fue recusado por parte de los familiares del indiciado, el 17 de marzo de 1.993, la entonces Corte Suprema de Justicia acordó en su Sala de Casación Penal, la radicación del juicio seguido contra Pedro Luis Concha para el estado Anzoátegui.
Los procesados por el caso, Pedro Luis Concha y Cristóbal Rojas fueron trasladados desde el Internado Judicial de Barinas hasta el Centro Penitenciario “La Pica”, ubicado en el oriente del país.
La parte acusatoria protestó enérgicamente la medida de la Corte Suprema de Justicia, ya que Pedro Luis Concha, a decir del abogado acusador Rafael González, comenzó a ser favorecido, precisamente por la paralización indefinida del juicio y por la inhibición de los 12 jueces que conocieron el caso en el estado Barinas.
Por este retardo judicial, los abogados defensores de Pedro Luis Concha solicitaron la libertad bajo fianza del indiciado, medida que encontró respuesta satisfactoria en el Tribunal Quinto de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, el 15 de enero de 1.994.
Al conocerse la decisión, los abogados de la familia Roa Rodríguez intentaron un recurso de amparo, por considerar que la medida adoptada por el referido tribunal, violaba todos los procedimientos judiciales.
La libertad de Pedro Luis Concha se logró después de estar tres años recluidos en dos centros penitenciarios del país.
Por esa razón y refugiándose en la Ley bajo Fianza, los abogados de Concha Ramírez alegaron que cuando un reo no logra recibir su respectiva sentencia a partir de los tres años de su auto de detención, recibirá el beneficio de libertad condicional por retardo judicial.
Cuatro años después, el 15 de enero de 1.995, la Corte Suprema de Justicia da por prescripto el referido juicio y, con ello, otorgó la libertad plena para el indiciado Pedro Luis Concha.
Sobre el particular, el abogado defensor de Concha, José Ramón Quintero Arias explicó que con esta sentencia, se impuso el criterio que tanto defendió en el juicio a favor del indiciado, como fue el hecho de que no estaba comprobado el cuerpo del delito, es decir, el desaparecido José Teodoro Roa Rodríguez.
LOS ASESINOS DE ROA SEGÚN EL EXPEDIENTE
Argumentos extraídos del expediente instruido en este polémico caso, señalan que el joven José Teodoro Roa fue asesinado el mismo día cuando acudió hasta la finca que reclamaba como propiedad de su familia. Veamos algunas confesiones aportadas por testigos del caso en su comparecencia en los tribunales:
Manuel Felipe Concha, padre de Pedro Luis reconoció en el tribunal de la causa que efectivamente el joven José Teodoro Roa tuvo un pequeño derecho en su reclamo, por lo que aseguró que “o me vende parte de esas tierras o lo vendo”
Por eso, Manuel Felipe Concha reveló haberle dado poder a su hijo Pedro Luis para que reclamara o se pusiera de acuerdo con José Teodoro Roa.
Recordó que tras reunirse José Teodoro Roa con su hijo en la sede del Banco Barinas, donde era gerente, la familia Concha le propuso una oferta por la cantidad de 150 hectáreas, que el estudiante no aceptó.
La hermana del joven estudiante, Rosario Roa declaró en los tribunales que efectivamente José Teodoro se puso de acuerdo un día antes de su desaparición con Pedro Luis Concha, para trasladarse hacia la finca La Candelaria, para hablar con el papá de Concha sobre las tierras que estaba reclamando la familia Roda Rodríguez.
En sus declaraciones aportadas en el tribunal, Pedro Luis Concha mencionó como testigos de aquel encuentro que sostuvo con el estudiante Roa en el Banco Barinas, a dos empleados de la finca de su papá Manuel Felipe Concha, a José Ramírez y a Pedro Manuel Gómez “alias Mango Pío”
Sin embargo, luego de que Ramírez y Gómez atestiguaron a favor de Pedro Luis Concha, negaron después ante el tribunal de la causa todo lo que habían dicho. Aseguraron que todo lo que dijeron inicialmente, había sido por presión de Pedro Luis Concha.
Pedro Manuel Gómez, empleado de la finca de la familia Concha Ramírez admitió encontrarse en la finca cuando el miércoles 19 de diciembre en la noche llegó el joven estudiante y el señor Pedro Luis Concha.
Ante el tribunal de la causa, Pedro Manuel Gómez “Mango Pío” explicó que en el fragor de la disputa por las tierras, se generó una fuerte discusión.
Confesó que Pedro Luis Concha no le dio el tiro a José Teodoro Roa, pero su papá Manuel Felipe Concha lo mandó a matar con Cristóbal Rojas, otro empleado de la finca.
“Yo declaré todo lo que sé; no tengo por qué estarle tapando nada a esos sinvergüenzas, gente de tanta plata, gente que no tiene necesidad para matar a un muchacho”
Tras aquella concluyente declaración, surgieron todas las preguntas que desde entonces, sigue siendo un misterio: “¿Dónde enterraron a José Teodoro Roa?
Y varias de aquellas respuestas, apuntan a que el cadáver del joven estudiante, al parecer fue desaparecido por un funcionario de la Disip, afecto a la familia Concha Ramírez.
Otras versiones, señalan que el cadáver de José Teodoro Roa Rodríguez fue lanzado a un caño ubicado en el interior de la mencionada finca, habitado por hambrientos caimanes, por lo que su inminente desaparición, fundamentó los argumentos jurídicos de los indiciados para sostener la defensa judicial de Pedro Luis Concha.
