Dichas tierras se encuentran bajo medida administrativas por parte del Estado venezolano a favor de los actuales pisatarios.
Especial
Ante las declaraciones que fueron publicadas en medios locales sobre la presunta presencia de grupos irregulares en los predios de la Agropecuaria La Nobleza, ubicada en el municipio Obispos del estado Barinas, los ocupantes desmintieron dichas declaraciones y aseguraron que están amparados por el Instituto Nacional de Tierras y el Poder Judicial para habitar y producir en dichos predios.
De esta manera, Miguel Emiro Soto, Cruz María Flores Guerra y Yon Carlos Soto Flores, productores domiciliados en el sector Los Naranjos del municipio Obispos, resaltaron que ellos no son ningunos invasores y que fue el INTI quien revocó el título de adjudicación a la presunta propietaria Mary Ortega por tener dichas tierras improductivas.
Estas hectáreas fueron sujetas a distintas inspecciones por parte del Tribunal Agrario, el cual determinó la improductividad e irregularidades en los acuerdos establecidos, lo cual violaba notablemente la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
Ante esta situación, desde 2024, el INTI otorgó dichos permisos y reasignó la responsabilidad de esta finca a estas personas, quienes, además, durante 40 años trabajaron para la referida ciudadana, sin recibir ningún tipo de beneficio contractual, a pesar de casi dos décadas de servicio campesino.
Los denunciantes, quienes son además personas mayores, actualmente cuentan con una medida de protección agroalimentaria decretada por el Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria del estado Barinas, con fecha de agosto del presente año, en aras de proteger su rebaño y las actividades propias del campo, ya que en ocasiones les impiden el paso a las instalaciones bajo amenazas, insultos e incluso el uso de la fuerza.
"Cabe destacar que somos personas que hemos dedicado nuestra vida al trabajo del campo con sacrificio y dedicación. Todo lo contrario a esta señora, cuyo objetivo es comercializar la tierra y no trabajarla como bien manda la Ley. Al punto que suscribió un contrato de comodato con la empresa denominada Venepalms C.A. por la compra de palmas aceiteras, situación que ya está siendo investigada por los organismos judiciales", expresaron los perjudicados.
Finalmente, señalaron que quieren seguir trabajando de forma responsable para continuar garantizando la soberanía agroalimentaria.
