El secretario general del Partido Comunista de Venezuela, Óscar Figuera, calificó la sentencia del TSJ como írrita porque le concede las credenciales, insignias y símbolos del PCV a unas personas que no son militantes de la organización
El secretario general del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Óscar Figuera, denunció que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que impone una junta directiva ad hoc, atenta contra todas las organizaciones políticas del país e indicó que este tipo de acciones violentan la legalidad y la Constitución.
“Es una acción contra el PCV y contra los derechos del pueblo venezolano, contra los derechos políticos de las organizaciones. Aquí no hay organización política que esté a salvo de una decisión de intervención por parte de la cúpula del gobierno”, dijo Figuera durante una rueda de prensa.
Asimismo, calificó la sentencia del TSJ como írrita porque le concede las credenciales, insignias y símbolos del PCV a unas personas que no son militantes de la organización.
“Por lo tanto, no tienen cualidad jurídica para exigir ningún derecho del partido y mucho menos reformarlo, hacer lo que le dé la gana con un organización de la que no son parte”, sentenció el secretario del partido.
Figuera recordó que, aunque el argumento planteado por estas personas fuera cierto y valedero, el recurso de amparo constitucional que se introdujo ante el TSJ se entregó ocho meses después de los hechos señalados, pese a que el plazo para este proceso era de seis meses.
Sentencia busca impedir la unificación popular
Recalcó que esta medida sólo busca impedir la unificación de los obreros, sindicatos, comunas y demás organizaciones populares para defender los derechos de la clase trabajadora frente a una política neoliberal que beneficia al gran capital y violenta los derechos de los trabajadores venezolanos.
El secretario general del PCV destacó que la unidad de este partido permitiría hacerle frente al gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, a quienes responsabilizan de la destrucción del país.
“No vamos a permitir que una decisión jurídica impida que el instrumento que ha sido construido por heroicos y militantes, a lo largo de 92 años, pueda ser destruido«, puntualizó.
